El Ayuntamiento de Mérida ha retirado las cámaras de seguridad instaladas en los autobuses urbanos por la anterior corporación, y una vez conocida la sanción impuesta por la Agencia de Protección de Datos, que ha multado con 6.600 euros a la empresa pública Transportes Urbanos de Mérida por esta práctica. La resolución señala que el procedimiento fue irregular, puesto que no se notificó previamente a este organismo ni se protegieron los datos privados, con lo que se incurrió en una falta grave y en otra leve. El caso fue denunciado por CCOO.
En cualquier caso, el consistorio aclara que si en "el futuro y por razones de seguridad" se interpretase que hay problemas en alguna de las líneas, podría volver a instalarlas, pero "siempre cumpliendo todos los procedimientos legales", subraya.
La empresa municipal de transportes instaló un videograbador digital y dos cámaras en cada autobús que enfocaban tanto las zonas de pasajeros como al conductor, y las imágenes eran almacenadas durante tres días y se borraban automáticamente excepto si había incidentes.
