La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Badajoz acogió ayer el juicio contra el exconcejal popular Francisco Miranda y un empresario que resultó adjudicatario de una obra municipal en 2014. El ayuntamiento solicitaba para ambos un año de prisión por un delito de simulación contractual, sin embargo, fuentes municipales aseguran que finalmente se ha decidido retirar esta acusación porque, según informes técnicos, «ha quedado demostrado que no se causó perjuicio económico al ayuntamiento». Sin embargo, se mantiene la petición de nueve años de inhabilitación para Miranda por un delito de prevaricación administrativa.
La Fiscalía mantuvo la petición de sobreseimiento de la causa al considerar que no ve ilícito penal en la conducta de Miranda ni del empresario. Los hechos que se juzgan se remontan a 2014, cuando el ayuntamiento gobernado por el PP convocó un concurso público para acondicionar el tramo urbano de las carreteras EX-209 y EX-307. La adjudicataria hizo una oferta temeraria, según el gobierno local, porque acordó con Miranda que el consistorio le ofrecería áridos para la obra sin coste y podría adquirirlos de la finca municipal de Royanejos mediante convenio beneficiando a la adjudicataria. La acusación particular, ejercida por la empresa que quedó en segundo lugar, pide nueve años de prisión para Miranda y 10 para el empresario que se hizo con el contrato.
