Con cuatro meses de retraso, la Delegación de Urbanismo ultima la selección de posibles adjudicatarios de una de las 40 viviendas sociales que la Junta tiene actualmente vacías en Mérida, la mayoría de ellas desocupadas después del tiroteo mortal registrado en agosto del 2011 en el barrio de San Lázaro. El plazo de solicitudes se abrió el pasado septiembre y se cerró el 24 de octubre con 418 instancias. La Delegación de Urbanismo estimaba entonces que en un mes habría culminado la revisión de los expedientes y que el sorteo de las residencias se celebraría antes de fin de año. Sin embargo, el proceso se retrasó por el intento de contrastar algunos datos, de carácter penal, con la Delegación del Gobierno, lo que no ha sido posible. Tras descartar esta opción, el ente municipal comenzó a remitir la semana pasada cartas a los interesados para que subsanen los errores de sus expedientes, antes de publicar el listado definitivo de admitidos, el próximo mes, y de que posteriormente se celebre el sorteo por el que se adjudicarán las viviendas, que dependen de la Consejería de Fomento.

"Hemos querido ser muy concienzudos con el proceso, siempre en beneficio de los propios adjudicatarios", explica Raquel Bravo, la delegada de Urbanismo. Es por ello que este departamento quiso contrastar, asegura, la declaración responsable que se exige para la solicitud --de no ser adjudicatario de una vivienda de promoción pública ni estar ocupando ninguna ilegalmente, así como haber sido condenado ni tener penas pendientes-- con los datos de la Delegación del Gobierno en Extremadura.

"Esto no ha sido posible porque lo impide la ley de protección de datos, así que hemos descartado este requerimiento y hemos procedido a culminar la revisión de los expedientes y ofrecer un plazo para subsanar errores o aportar documentación complementaria, en el que nos encontramos ahora". Dicho periodo de tiempo no termina en un día fijo, sino que se trata de diez días desde que el interesado recibe su notificación, documentos que se están enviando desde el pasado 18 de marzo. Bravo calcula que en las primeros días de abril, la delegación podrá repasar todos los expedientes y publicar el listado de admitidos a mediados de abril.

A partir de ahí, habrá un periodo de exposición pública y atención a las posibles reclamaciones, después del cual se cerrará finalmente la lista de aspirantes a las viviendas, que se adjudicarán a través de un sorteo público. Inicialmente, la delegación manifestaba su intención de que este procedimiento pudiera celebrarse antes del final del 2012, mientras que ahora parece que es probable que no se produzca hasta el mes de mayo. Sin embargo, Bravo asegura que no les han llegado quejas significativas de los interesados porque, a su juicio, "estos son conscientes de que estamos trabajando en su beneficio". Desde el PSOE, sin embargo, sí que aseguran haber recibido consultas y protestas de familias afectadas por este problema, y han urgido en varias ocasiones a la resolución del proceso.