El equipo de gobierno denunció ayer que el exgerente de la empresa municipal Transportes Urbanos de Mérida, Prudencio González, "no solicitó una subvención destinada a financiar el servicio de transporte" ofertada por el Ministerio de Economía y Hacienda, cuyo plazo de solicitud venció el 30 de junio, y teniendo en cuenta, recuerda, que permaneció en funciones en su cargo hasta el 31 de julio. La cuantía no la han podido precisar. No obstante, a juicio del ejecutivo local, este hecho "constituye una negligencia gravísima que afecta directamente a las arcas municipales", y pone como ejemplo que esta subvención ascendió en el 2006 a 269.086 euros (45 millones de pesetas).
En todo este tiempo, según el ayuntamiento, González no informó de esta situación al consejo de administración de la empresa, "y ha tenido que ser la propia subdirectora general de Relaciones Financieras con Entidades Locales del Ministerio de Economía y Hacienda la que haya informado al Ayuntamiento de Mérida de que había vencido el plazo de solicitud de la subvención y que ya no cabía ninguna solución posible, ya que las ayudas ya están concedidas".
Por todo ello, a la presidenta del consejo de administración de Transportes Urbanos de Mérida, Mercedes Moyano, no le basta con que el exalcalde de Mérida y presidente local del PP, Pedro Acedo, "desautorice el contrato blindado del exgerente", tal y como dijo Acedo a este periódico en julio, sino que le exige que "repruebe públicamente esta imperdonable negligencia".
Además, le reclama que "remueva de sus cargos" a los miembros del anterior consejo de administración --Pilar Vargas y Francisco Rubustillo-- por autorizar el "contrato blindado".
