La delegada del Gobierno en Extremadura, Carmen Pereira, aclara que el campamento de rumanos asentado en Mérida "no es una cuestión de seguridad pública" porque "no están cometiendo ningún delito", y recuerda que se trata de ciudadanos de la Unión Europea que "pueden residir y trabajar en España".

Según la agencia Europa Press, Pereira insiste que es una "cuestión administrativa", ya que la acampada libre en lugares no estipulados está prohibida en la región "sobre todo por cuestiones higiénico-sanitarias", por lo que desde el Gobierno, la Junta y los ayuntamientos se trabaja para "mejorar las condiciones de vida" de estas personas.

La delegada del Gobierno subraya que "cada vez son menores los campamentos que se producen en nuestra comunidad autónoma" y que cuando ciudadanos de otros países vienen a buscar trabajo o "una manera de subsistir" lo hacen "en mejores condiciones". "Pero también hay que tener en cuenta sus costumbres que son vivir de una manera nómada y lo que queremos es ayudarles a que lo hagan en las mejores condiciones y en condiciones de dignidad y en eso trabajamos con los ayuntamientos".

"Hay que recordar que son ciudadanos de la Unión Europea con derecho a circular, a residir y a trabajar en España en las mismas condiciones que los españoles, es decir con los mismos derechos y las mismas obligaciones", insiste Carmen Pereira.

No obstante y como la ley prohíbe la acampada libre, "se les ha instado en primer lugar a que abandonen esos campamentos que no reúnen los requisitos para vivir con dignidad y para ser atendidos o acceder a otro tipo de ubicación donde sí están permitidas esas acampadas o bien que utilicen otras formas de vida".