La justicia desestima dos recursos planteados por la empresa Azucarera Iberia, antiguamente Azucarera Española, contra el Ayuntamiento de Mérida por la modificación de las ordenanzas fiscales para favorecer el interés de una empresa transformadora de remolacha de implantarse en la ciudad. El pleno municipal aprobó en 2017 este cambio, por el que la empresa obtendría la bonificación de en torno al 90% en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el Impuestos sobre Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO).

Según informó ayer el consistorio en una nota de prensa, se ha condenado a Azucarera Iberia a las costas judiciales y, por lo tanto, quedan aprobadas «definitivamente» las ordenanzas reguladoras. La sentencia recalca, además, que «no hay discusión alguna» en el interés público y social que tiene la modificación de estas ordenanzas por las connotaciones que tiene este proyecto y la declaración pública y social del mismo, ya que «favorece a la ciudad en el ámbito económico, laboral y social». Se pone de manifiesto que el equipo de gobierno tiene a gala «cumplir con la legalidad, con los procedimientos legales». «No solo lo decimos nosotros, sino que lo dicen estas sentencias», recalca.