1994: Extremadura 2000 presenta un primer proyecto de aprovechamiento de los terrenos que ocupa Carcesa.
1998: Carcesa renuncia a la nueva fábrica e indemniza a Extremadura 2000 por la anulación del convenio.
2001: Carcesa y Extremadura 2000 firman un documento de intenciones para que se construya la nueva fábrica a cambio del aprovechamiento urbanístico de los terrenos de la actual. En él figura que si no se ha firmado un contrato antes del 30 de abril del 2002, el principio de acuerdo quedaría sin efecto y sin derecho a reclamación por ninguna de las partes. Este preacuerdo caduca sin que se cierre el contrato.
Julio del 2002: Carcesa inicia contactos con otras constructoras y llega a un acuerdo con una de ellas.
2005: Extremadura 2000 denuncia a Carcesa por incumplimiento del preacuerdo del 2001.
Abril del 2006: El Juzgado de Primera Instancia condena a Carcesa a indemnizar a Extremadura 2000 con 9,5 millones.
