Los juzgados de Instrucción nº 3 y nº 4 han admitido a trámite las denuncias presentadas por la asociación de vecinos de Nueva Ciudad y el sindicato CCOO, respectivamente, contra la instalación de cámaras de televisión en los autobuses urbanos.

La denuncia presentada por Nueva Ciudad se basa en que, a juicio de esta asociación, se vulneran varios artículos de la ley de Videovigilancia, los que inciden en que la instalación de las videocámaras exigen la existencia de un riesgo razonable para la seguridad ciudadana y que toda persona interesadas podrá ejercer los derechos de acceso y cancelación de las grabaciones.

En el primer caso, afirman que "jamás ha habido una razón que justifique que se instalan por seguridad, sino que se hace para que los usuarios paguen sus billetes" y sobre el acceso a las imágenes "no se ha informado lo más mínimo".

Por su parte, CCOO, en uno de sus argumentos, destaca una contradicción, que mientras que los concejales del PP aseguran que las imágenes sólo las podrá ver la policía, el gerente de la empresa de autobuses afirmaba que también lo pueden hacer los inspectores, el encargado del servicio y el propio gerente.

También se ha pronunciado la Federación de Asociaciones de Vecinos, que se oponen a la instalación de las videocámaras. "Estamos descorcentados, no entendemos el fin de grabar a los usuarios de autobuses, creemos que es malo, ya que desconocemos quiénes supervisan las cintas", señalan en una nota.