La compañía Endesa ha detectado un centenar de casos de fraude en el consumo eléctrico de la ciudad durante el año 2018, fraudes que obedecen a enganches ilegales, manipulación de contadores o dobles acometidas. Algunos también están relacionados con la proliferación del cultivo de cannabis en domilicios, que suele ir acompañado de enganches ilegales para lograr suministro.

La compañía recuerda que además de ser un delito, estas prácticas inciden en el incremento de la factura eléctrica del conjunto de los consumidores. Además, suponen un potencial peligro tanto para el defraudador como para las personas que le rodean, ya que el riesgo de incendio o descargas eléctricas en las instalaciones manipuladas es alto. Por ello, más allá de las cifras insiste en que el fraude eléctrico es «un problema grave de seguridad».

Según los datos facilitados por Endesa a este diario, en 2018 se detectaron en la ciudad un total de 98 casos de fraude en el consumo eléctrico y se han recuperado casi 855.000 kilovatios/hora de consumo. La compañía detalla que el uso de las nuevas tecnologías y la colaboración tanto con la policía como con los ciudadanos ha permitido «reforzar la lucha contra este grave problema».

INSPECCIONES / Durante el año pasado, cuatro de cada diez inspecciones realizadas concluyó con la detección de fraudes. Casi la mitad fueron por enganches ilegales de usuarios sin contrato y el resto, dobles acometidas o manipulación de contadores. Otro factor a tener en cuenta es la proliferación de los domilicios dedicados al cultivo de cannabis, una práctica que suele ir acompañada de enganches ilegales a la red. A este respecto, la compañía señala que una casa utilizada como «plantación indoor» de marihuana consume el equivalente a 80 viviendas, llegando a saturar la red y provocando interrupciones de suministro al resto de población.

Una vez que la compañía tiene constancia del fraude, el primer paso es dejar sin servicio al usuario, algo «fundamental para la seguridad de las personas y las instalaciones». Después se aporta al cliente un acta de inspección y se realiza un seguimiento del suministro, hasta que se encuentra normalizada la instalación. Posteriormente se hace un estudio para recuperar la energía consumida durante el periodo de fraude y se informa al cliente.

Solo en casos excepcionales, como pueden ser clientes reincidentes, conflictivos o por plantaciones de cannabis, se procede a denunciar ante la policía o Guardia Civil, según corresponda.