La magistrada-juez del Juzgado de lo Social número 3 de Badajoz puede retrasar la publicación de la sentencia de este juicio hasta que el juzgado de Primera Instancia número 2 de Mérida decida si abre juicio a Prudencio González por malversación de fondos públicos y estafa, tras la denuncia presentada por el ayuntamiento. En ese juicio se decidirá si la addenda del contrato de González es legal o no, porque el consistorio cree que el consejo de administración donde se aprobó no se llegó a realizar, o si se realizó no había quorum suficiente.
El acta del consejo de administración en el que se aprobó la addenda estaba firmado por Manuel Gámez, Pilar Vargas, Francisco Robustillo y Alfredo de La Rubia, concejales del PP en el anterior equipo de gobierno. Los cuatro fueron llamados a declarar como testigos en este caso. Robustillo afirmó que no se acordaba si asistió al consejo de administración que aprobó la addenda. Pilar Vargas admitió que sí se acordaba y citó a los que fueron, incluido el exgerente, y Gámez afirmó que no podía asegurar que la firma que aparece fuese la suya.
