Una familia reclamará responsabilidades a la Junta de Extremadura por supuestamente no vigilar y cumplir los protocolos con una interna de 39 años, del centro sociosanitario Adolfo Díaz Ambrona, que se intentó quitar la vida en el interior de estas instalaciones. Fruto de ese intento de suicidio, M.L.L.L. falleció días más tarde en el hospital. El juicio tendrá lugar el 25 de marzo, en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Mérida, y se solicita una indemnización de 140.000 euros para los familiares.

Los familiares explican que la fallecida tenía esquizofrenia residual y cuando falleció estaba tutelada por el gobierno regional, la consejería de Sanidad y Dependencia. Los hechos ocurrieron el 18 de octubre del año 2015, en el pabellón Monesterio del centro sociosanitaro (antiguo psiquiátrico), cuando M.L.L.L. se encontraba «solamente vestida con un pañal» en una habitación de aislamiento, inmovilizada con correas de sujeción y sometida a vigilancia. Afirman que M.L.L.L muere como consecuencia de la introducción en la boca, por ella misma, de trozos del pañal que llevaba puesto.

Cuando los empleados encuentran a M.L.L.L., intentan reanimarla, pero ya era tarde y falleció el 24 de octubre en el hospital emeritense, después de estar todo ese tiempo en coma irreversible. La familia quiere que se aclaren los hechos y no quede impune quien tenga responsabilidad. También que se hagan efectivos los cambios necesarios en estos centros para que no vuelva a ocurrir algo así. Asimismo, se muestran indignados al afirmar que la administración no se ha puesto en contacto con los familiares ni para saber cómo estaban.

El abogado cacereño Juan José Jiménez Bustamante, que defiende los intereses de los familiares, manifiesta que, una vez archivada la vía penal, se ha interpuesto demanda de recurso contencioso administrativo, al considerar que los servicios sociosanitarios de la Junta podrían presuntamente no haber actuado correctamente, e incluso de una manera negligente, al no haber realizado el adecuado seguimiento y control de la enferma el día de los hechos y no haber seguido los protocolos. La Junta declina pronunciarse porque el caso está en vía judicial.