La Fiscalía Superior de Extremadura ve indicios de prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas a los funcionarios y cohecho derivados de la gestión del Ayuntamiento de Mérida desde 1999 hasta el 2007, años en los que gobernó el PP con mayoría absoluta. Esta es la conclusión a la que ha llegado el fiscal tras analizar la denuncia presentada por el PSOE contra el exalcalde y candidato en las próximas elecciones municipales Pedro Acedo y otras 35 personas, y tras estudiar la "numerosa" documentación relativa a los hechos denunciados y las declaraciones de dos testigos.
Una vez finalizadas las diligencias de investigación, el fiscal las ha remitido al juzgado decano de Mérida para su reparto entre alguno de los tribunales de la capital extremeña. El asunto ha recaído sobre el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4, que aún está pendiente de su admisión, por lo que ni Pedro Acedo ni ninguna de las otras 35 personas incluidas en la demanda, entre ellas su hermano Angel y cargos del Partido Popular en el ayuntamiento durante los años de mandato, están aún imputados.
La demanda, que consta de 40 folios, fue presentada el pasado 21 de febrero por Ignacio Sánchez Amor, en condición de representante legal del PSOE de Mérida. En ella se detalla la puesta en marcha tras la victoria electoral de 1999 en la que el PP obtuvo la mayoría absoluta --entre 1995 y 1999 gobernó con mayoría simple-- de una "trama estratégica" propiciada por el alcalde Pedro Acedo y su hermano Angel, en colaboración con algunos concejales del PP, "encaminada al enriquecimiento personal y lucrativo, así como del de su entorno con dinero público, adoptando decisiones en diversos ámbitos como el urbanístico y de diferentes servicios municipales", según el PSOE.
El fiscal instructor ve claros indicios de actividad delictiva en la gestión municipal, y así de contundente se muestra en el decreto en el que remite el asunto al juzgado emeritense: "El estudio de la documentación adjunta (a la denuncia) y el análisis de las declaraciones testificales practicadas por esta Fiscalía han permitido acreditar, al menos indiciariamente, buena parte de los hechos objeto de denuncia, que revisten en principio naturaleza delictiva a título de prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas a los funcionarios y cohecho, sin perjuicio de una calificación jurídica más precisa en el momento procesal oportuno; por lo que procede acordar sin más demora la finalización de las presentes diligencias, y su remisión al juzgado competente para que proceda a incoar las correspondientes actuaciones penales".
Los hechos denunciados se refieren a actuaciones urbanísticas como la venta de la finca rústica Las Rozas de propiedad municipal o la recalificación de terrenos en Las Abadías. También se detalla cómo la aprobación --gracias a la mayoría absoluta-- del nuevo Plan General de Ordenación Urbana permitió la creación de la Gerencia Municipal de Urbanismo, en la que Acedo habría colocado a personal de confianza para evitar que los informes urbanísticos pasaran por las manos de los técnicos municipales, siempre según la denuncia.
Otros hechos recogidos en ella se refieren a la creación de la empresa Culturex, supuestamente vinculada con Angel Acedo, a quien se considera "ideólogo" de la trama, para gestionar 12 millones de euros procedentes del programa europeo Interreg III (ver EL PERIODICO del 10 de febrero del 2011), o los servicios prestados al ayuntamiento por Bufete Acedo Abogados, Selex o Brachtoon Enterprise, empresas de asesoría legal y jurídica también relacionadas, según la denuncia, con el hermano del exalcalde (ver la edición del 9 de febrero), y que habrían facturado más de 700.000 euros al ayuntamiento. Las facturas en publicidad municipal a las extintas Telemérida y La Capital, por valor de más de un millón de euros, también se incluyen en el escrito presentado ante el fiscal.
