La Consejería de Fomento ha denunciado la ocupación ilegal de nueve viviendas en el barrio del Peri de San Lázaro. Este organismo tiene 40 viviendas acondicionadas para ser adjudicadas a través de un proceso que abrió el Ayuntamiento de Mérida el año pasado y para el que, tras varios retrasos, se ha anunciado que se realizará un sorteo entre los 260 solicitantes admitidos el próximo 7 de octubre. La semana pasada la consejería detectó la presencia irregular de inquilinos en nueve de las casas, aparte de otras 23 que están tabicadas para prevenir la entrada, y se lo ha comunicado a la Policía Nacional, según informó ayer. El alcalde, Pedro Acedo, se refirió a este tema el martes en Radio Forum indicando que correspondía a la Junta, titular de las casas, "hacer el expediente necesario para que esto no ocurra y para expulsar a las personas que se han metido a la fuerza".

Desde la consejería, explican que una vez que se tuvo conocimiento de la ocupación, entre los pasados días 10 y 11, "se cursó la comunicación tanto a la Policía Nacional como a la Delegación del Gobierno". Además, este lunes trasladó a un juzgado de Mérida la denuncia de las ocupaciones de las viviendas cuyos responsables habían sido identificados, lo que pretenden seguir haciendo a medida que se vaya conociendo la identidad de quienes han entrado en las casas.

Además, detalla que sus funcionarios han inspeccionado "de forma directa" las viviendas ocupadas y han informado a los inquilinos de los perjuicios de este hecho a efectos de una futura adjudicación --de la que quedan excluidos--, así como la obligación de abandonar voluntariamente la vivienda. Según asegura, tres de las viviendas han sido recuperadas por esta última vía.

Para el resto, añade, si el abandono no se hace por iniciativa propia, "habrá que esperar a las resoluciones de las actuaciones judiciales que se realicen, en las que el Gobierno de Extremadura se encuentra personado". En todo caso, recalca que los adjudicatarios de las 40 viviendas en el sorteo que está pendiente de realizarse recibirán una "casa en perfecto estado".

Por su parte, sobre este tema el alcalde señaló que está "totalmente en contra de las personas que se introducen a la fuerza en las casas". Pero añadió que "al igual que sucede con la urbanización Los Alamos en El Prado, las competencias no son municipales; lo único que puede hacer el ayuntamiento es denunciar el hecho al igual que los vecinos". Por ello, consideró que "el Gobierno de Extremadura, propietario final de estas viviendas, tiene que hacer el expediente necesario para que esto no ocurra".