La construcción del silo de trigo se remonta a 1951, en plena época de desarrollo industrial de la ciudad. A mediados de los 90 el ministerio comenzó a ceder el uso de los silos a distintas administraciones. El de Mérida pasó a manos de la Junta, pero en 2014 se revirtió su uso al Estado junto a otros 16 de la región para «desafectarlos», tasarlos y valorarlos para sacarlos a subasta.
El Fondo Español de Garantía Agraria (Fega) sacó a subasta la enajenación del edificio en enero de 2017, pero al no recibir ninguna oferta, publicó su venta directa. Después de que el Fega anunciara la salida a subasta, la Secretaría General de Cultura de la Junta inició el expediente para declarar el edificio como un BIC a petición del consistorio, pero el 27 de julio de 2018 la propia Consejería dejaba sin efecto el acuerdo de incoación como BIC. El alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, ha planteado la idea de modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ya que el silo no tendría «la protección máxima, pero tendría catalogación de parte de las estructuras interiores, del edificio y de su ornamentación». Tras el freno al BIC, el futuro sigue siendo incierto para el silo.
