Las declaraciones en el juzgado del expresidente del consejo de administración de la empresa de Transportes Urbanos Municipal (TUM), Manuel Gámez, y de la concejala del PP y exvocal de este consejo, Pilar Vargas, dejaron ayer en evidencia la gestión del exgerente, Prudencio González, al frente de esta empresa.

Tanto Gámez como Vargas coincidieron al señalar que el exgerente "abusó de la confianza" depositada en él en la redacción de las condiciones laborales del contrato, en la addenda que fija una indemnización millonaria por despido y en los gastos extras por viajes, llamadas telefónicas y comidas que González cargó a la empresa.

Ambos declararon ayer en calidad de testigos ante la magistrado juez del Juzgado de Instrucción número 2, María Victoria Dávila, en el procedimiento que se sigue contra Prudencio Gónzalez por la denuncia presentada contra él por el ayuntamiento por un presunto delito de falsedad documental y malversación de fondos.

También declararon los exvocales del PP en el consejo de administración, Francisco Robustillo y Alfredo de la Rubia, que no hicieron declaraciones.

IMPUTADO Prudencio González ya compareció en el juzgado la semana pasada, en calidad de imputado, afirmando que tanto el contrato como los gastos estaban autorizados por el consejo de administración y su presidente, Manuel Gámez.

Pero su versión no coincide con la de este y la de Vargas. Así, Gámez indicó que el contrato y la addenda lo firmó él, pero un año después de su redacción y como un documento más de los varios que le presentó González al final de una reunión del comité electoral del PP celebrada en abril. "Tuvimos un comité electoral, para la elección de los concejales, muy tenso y a la salida, Prudencio me entregó para firmar unos supuestos acuerdos del consejo de administración. Los firmé en un acto de confianza. Luego me encontré con la sorpresa de haber firmado el contrato", aseguró.

Gámez indicó que él tampoco era competente para autorizar gastos que no tuvieran que ver con el objeto social de la empresa y afirmó que no permitió ninguna cantidad para viajes o llamadas del exgerente fuera de su actividad profesional. "Ni los conocía. Eso lo tendrá que justificar en el ayuntamiento", aclaró.

Por su parte, Vargas declaró que el contrato que defiende Prudencio González es distinto al que se aprobó en el consejo de administración de julio del pasado año, y que en el orden del día no figuraba nada de la admisión de la addenda ni aparecía nada relacionado "con la astronómica indemnización".

En cuanto a los gastos extras, Vargas indicó que González era el gerente de la empresa y que solo estaba autorizado a los gastos relacionados con la gestión de los autobuses.