La Junta de Extremadura no autorizará la ampliación del denominado Centro Comercial Abierto de Mérida mientras no se aclaren algunos gastos que el ayuntamientos ha transferido ya y otros que la Asociación de Comerciantes de Mérida (encargada del proyecto junto a Apyme y Aeme) ha tramitado pero que aún no han sido pagados. En concreto, el Ejecutivo regional declara no justificados 70.000 euros, mientras que los comerciantes aseguran que los proveedores les reclaman 175.000 euros y culpan de la mala gestión a la anterior directiva del colectivo y a la gestora. La Junta es la encargada de pagarlos y da el dinero al ayuntamiento para la transferencia, una vez que la gestora --una funcionaria municipal en este caso-- certifica qué gastos hay que pagar a la asociación. Sin embargo, los comerciantes han denunciado la gestión de todo el proyecto, mientras que el consistorio asegura no tener "ninguna responsabilidad"; es más, insiste en que ha asumido más competencias que las que le corresponden y achaca todo a "problemas internos" entre las asociaciones implicadas. Ante la situación creada tras un informe de la actual directiva de la Asociación de Comerciantes de Mérida en la que se denuncian estas cuestiones, el ayuntamiento ha abierto un expediente informativo a la gestora.

La asociación de comerciantes denuncia, entre otras cuestiones, la aparición de facturas falsas de hasta 12.000 euros y gastos de pedidos sin documentar; mientras que tanto Aeme como Apyme se desvinculan de este asunto y culpan a este colectivo. Además, la portavoz del Grupo Municipal Popular; Pilar Vargas, considera que el alcalde de la ciudad, Angel Calle "es el único responsable de la deplorable gestión que se señala en el informe de la Asociación de Comerciantes de Mérida sobre el Centro Comercial Abierto y debe dar explicaciones sobre la supuesta falsificación de facturas, la posible dilapidación de dinero público y la nefasta gestión del proyecto".

Tal es el problema, que parte de esos gastos que conlleva el proyecto está pendiente de pagar dos años después, como es el caso de la instalación del microclima en verano, que supone 8.000 euros cada año; o la del hilo musical en las calles del centro. Esos costes suman 20.000 euros anuales y "quién paga eso", se preguntó ayer el consejero municipal de Industria y Comercio, Antonio Rodríguez Ceballos, que, sin embargo, garantizó que este verano también habrá aspersores que enfríen el ambiente en las calles, y que insistió en que el gobierno local "no tiene ninguna responsabilidad en este asunto y se ha limitado a fiscalizar los gastos".

El presupuesto para la primera fase del proyecto era de 543.397 euros.