El ayuntamiento exige al Gobierno central y al Ministerio del Interior la oficina de tráfico que "prometieron" cuando firmaron, en abril del 2005, un acuerdo en el que cedían las instalaciones de la Algodonera para instalar allí dicha delegación.

El portavoz del equipo de Gobierno, Fernando Molina, afirma que la oficina es necesaria en la capital para que los ciudadanos "no tengan que recorrer media Extremadura" cuando reclamen sus servicios. Además hace hincapié en que "solo pedimos lo que se nos prometió". También ha querido destacar que le preocupa que esas instalaciones sean deseadas por alguna entidad más, pues es un "lugar idóneo" para la prometida oficina al encontrarse a las afueras de la ciudad con fácil acceso desde la autovía.

El portavoz no entiende la situación actual ya que "no existe ningún escrito que revoque este acuerdo" que prometía unas instalaciones de más de 7.000 metros cuadrados en el antiguo emplazamiento donde se ubicaba la policía local hace ya años. Tampoco comprende el motivo por el que el anterior alcalde, Angel Calle, afirmó durante su legislatura que la oficina no se instalaría finalmente, pues la solución de la problemática "era de su competencia".

Cuando este acuerdo se firmó el Gobierno central estaba a manos del PP, aunque la llegada de los socialistas no supuso ningún inconveniente en lo que a este tema respecta pues el PSOE confirmó la firma. El ayuntamiento nunca quiso recurrir a los tribunales aunque nunca dejó de pensar que el acuerdo era, según unas declaraciones de Acedo, "una tomadura de pelo con Mérida", puesto que en numerosas ocasiones se había dirigido al director general de Tráfico sin obtener respuesta.