Las cuatro personas que ocupan una casa en precario en cuatro colegios públicos de la ciudad deberán desalojar la vivienda antes del 14 de julio, después de que el pasado 8 de noviembre un decreto de Alcaldía aprobase iniciar el expediente para el desalojo de las viviendas de los centros Juan XXIII, Antonio Machado, José María de Calatrava y Félix Rodríguez de la Fuente, ocupadas por José María Jiménez, Nicasio Vargas, Antonio Barrero y Pedro Cerrato, respectivamente.

A partir de la aprobación del decreto, se abrió un plazo de presentación de alegaciones y el ayuntamiento les diO seis meses para abandonar la casa, plazo que cumple ahora.

Sin embargo, uno de los afectados aseguró ayer a EL PERIODICO EXTREMADURA que no se marchará de la vivienda "si antes no me facilitan otra, porque no me voy a meter debajo de un puente". Manifiesta que hace 16 años que vive en la casa del colegio y que se verá en la calle cuando "la constitución dice que todos los ciudadanos tenemos derecho a una vivienda". Esta dispuesto a colaborar con el ayuntamiento, ya que indica que "si mañana mismo me dice que tengo casa, saco mis cosas y me marcho de aquí inmediatamente, si no es así, no pienso irme de aquí".

ADVERTENCIA

En este sentido, una resolución de la secretaria del ayuntamiento del pasado 13 de enero advierte que de no cumplir voluntariamente lo estipulado en el decreto y desalojan las viviendas "se procederá a su ejecución subsidiaria y a su costa".

A este respecto, el concejal de Educación, Francisco Robustillo, ha manifestado que el motivo del desalojo es que "la vivienda de los centros escolares públicos debe ser realizada por personas ajenas al ayuntamiento", tal y como marca la ley.

Todo comenzó el 13 de julio de 1987, cuando el por entonces alcalde, el socialista Antonio Vélez, aprobó un decreto por el que resolvió ceder en precario el uso de estas viviendas a las personas que se ivan a encargar de vigilar los centros. Así se ha mantenido hasta que el 8 de noviembre del pasado año, el alcalde Pedro Acedo resolviese lo contrario y sacar un concurso público para que los concesionarios de las mismas realicen diversas labores en los colegios.