El acuerdo adoptado por el Gobierno local emeritense de prorrogar durante cinco años más el contrato del servicio del agua con la empresa Aqualia se ajusta a derecho. Así se expone en un informe elaborado por la Secretaría General del Pleno con respecto a la prolongación del citado servicio, que fue acordado en la Junta de Gobierno Local el pasado 26 de octubre.
En virtud de este acuerdo Aqualia prolonga su concesión durante cinco años más --el contrato original, suscrito en el año 2000, finaliza en el 2025--, a cambio de 3,9 millones de euros en concepto de canon, que servirán para paliar la escasez de las cuentas del ayuntamiento. De hecho, 1,4 millones ya han sido transferidos.
El equipo de Gobierno hizo ayer público un informe que avala esta operación, e incluso la recomienda, después de que una asociación, la Organización Regional de Consumidores de Extremadura, haya recurrido en un juzgado emeritense la prolongación del servicio, al entender que perjudica a los intereses de los usuarios.
Según el informe, la modificación incorpora una fórmula polinómica que evita la "inseguridad jurídica" del ayuntamiento "a la hora de valorar las peticiones de revisión de precios suscritas por el contratista para compensar su desequilibrio económico financiero", puesto que tiene en cuenta variables como los costes de producción o el salario de los empleados de la concesionaria.
El informe señala asimismo que esta fórmula objetiva de revisión de precios viene derivada de un precepto legal que entró en vigor en el 2001, un año después de la firma del contrato original entre el ayuntamiento y las empresas que posteriormente se constituyeron como Aqualia. Por todo ello, la conclusión a la que llega la secretaria general del Pleno, es que las propuestas de modificación del contrato y su prórroga "están ajustadas a derecho".
