El superávit con el que el consistorio cerró el ejercicio económico del pasado 2018 sigue dando sus frutos. En esta ocasión, se llevarán a cabo una serie de inversiones que consistirán en la renovación del sistema de riego y en la recuperación de pradera natural en el margen derecho del río Guadiana. Es decir, en la isla. Asimismo, se procederá a adquirir 117 metros cuadrados de parcelas pertenecientes al terreno del antiguo cuartel Hernán Cortés. Ambos proyectos serán aprobados en el próximo pleno del día 29 de agosto y suman un total de 541.222,87 euros, según informó ayer en rueda de prensa Carmen Yáñez, portavoz municipal.

De los 5.057.700 euros que resultaron de la liquidación del año pasado, la ley permitía destinar un total de 3.288.295 euros a proyectos y adquisición de patrimonio siempre que fuesen gastos sostenibles en el tiempo, lo que se conoce como inversiones financieramente sostenibles.

La gran mayoría fueron aprobadas en una primera fase llevada a cabo en el pleno del pasado 11 de julio. Algunas de ellas incluyen la creación de tres nuevas salas insonorizadas en el conservatorio, mejoras en los campos de fútbol de la Corchera o la compra del convento de las Concepcionistas.

La mayor parte de ese importe se dedicará a la inversión concerniente al terreno anexo al río Guadiana. En concreto, la cuantía sumará 481.768,78 euros. Esta intervención se realizará sobre un terreno de 160.000 metros cuadrados (16 hectáreas) e irá desde la zona sur hasta el recinto ferial. Además del sistema de riego, que se suministrará con agua del propio río, también se instalará mobiliario urbano donde se incluirán bancos y fuentes de agua potable, así como papeleras para excrementos de perros y para residuos generales.

Expropiación // Los 117 metros cuadrados de parcelas del antiguo cuartel Hernán Cortés tendrán un coste de 59.454,09 euros, un justiprecio determinado por el jurado de valoración autonómico. Esta resolución es el resultado de una reclamación que los propietarios de dicho terreno interpusieron con motivo de la expropiación de estas zonas dotacionales que establecen tanto el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) aprobado en el 2001 como la Ley del Suelo de Extremadura.

Sin embargo, el ayuntamiento no podrá darle un uso a este espacio de casi 20.000 metros cuadrados hasta que no tenga la completa titularidad del mismo, un proceso complicado ya que los propietarios de algunas parcelas que hay que expropiar «están envueltos en muchos casos en procesos judiciales».