El Grupo Municipal Socialista e Izquierda Unida mostraron ayer su satisfacción por la retirada del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) presentado por el Gobierno local para 83 trabajadores municipales, y atribuyeron la decisión a las "irregularidades" cometidas en la tramitación del procedimiento. En sendos comunicados, los grupos de la oposición han reiterado que el ERE era una medida "ilegal e injusta" y han insistido en que no se ha llevado a cabo no por la falta de acuerdo con los sindicatos como alega el Equipo de Gobierno, sino por las limitaciones impuestas por la legislación vigente y las alternativas planteadas a posteriori y "contrarias a derecho".
Según IU, la disposición adicional tercera del Real Decreto 1483/2012 impide al ayuntamiento, por su naturaleza de administración local, la adopción de medidas distintas a la propia extinción de los contratos que sí podrían llevarse a cabo en otros organismos y entes públicos. La formación considera que esta circunstancia pone de relieve la falta de solvencia de la iniciativa del Gobierno local y de la empresa contratada para asesorar en la tramitación y apunta que "las explicaciones facilitadas por el alcalde no hacen sino poner de manifiesto la incompetencia profesional y política con la que se ha abordado la cuestión".
Por su parte, el PSOE ha recordado que la "nefasta e injustificada" decisión de aplicar un ERE ha supuesto, además del "dolor personal" de los afectados, un perjuicio económico al ayuntamiento, que se ha gastado 21.000 euros en pagar a una empresa para que estudiara cómo destruir empleo en lugar de dedicar esos fondos a la creación de puestos de trabajo. El Grupo Socialista ha mostrado su disposición a colaborar con el Equipo de Gobierno local, pero también ha reafirmado que quien ha tomado las decisiones debe responder políticamente. "Quienes con tanto énfasis defendían el ERE deben plantearse la forma de responder y no ocultarse en justificaciones culpando a los demás de su propio fracaso en la gestión", concluye el PSOE.
En respuesta, la delegada de Personal, Leonor Nogales, ha manifestado que el ayuntamiento va a seguir estudiando medidas para reducir la plantilla de personal "porque está sobredimensionada y no se puede mantener". Nogales reitera que el consistorio ha tratado de llegar a un acuerdo con los sindicatos para paliar los despidos pero explica que ante el rechazo de las organizaciones a negociar las medidas presentadas, el ayuntamiento trabaja en solitario "buscando acciones legales para continuar reduciendo el gasto en personal".
Para la edil, la postura mantenida por los sindicatos ha sido "irresponsable" porque han impedido un acuerdo que a su juicio, favorecería mucho a los trabajadores afectados, y ha recordado que el consistorio ha propuesto, entre otras medidas, excedencias voluntarias primadas y reducciones de jornada voluntaria.
