THtace 30 años, el 25 de febrero de 1983, el rey Juan Carlos I y el por entonces presidente del Gobierno Felipe González rubricaron con sus firmas el Estatuto de Autonomía de Extremadura, donde, en su artículo quinto, se puede leer literalmente que: "La sede de la Junta y de la Asamblea de Extremadura se fijan en Mérida, que es la capital de Extremadura".

Ese momento tan anhelado e ilusionante lo vivió de manera muy especial el pueblo emeritense. Mérida se convertía, oficialmente, en la verdadera capital de Extremadura y el horizonte que se abría para esta ciudad era imperecedero e inextinguible desde el punto de vista social, político y económico. Mérida, se convirtió por decisión democrática, en el único referente político de toda Extremadura. Sin embargo, y a lo largo de estos 30 años, los emeritenses hemos asistido a todo lo contrario.

De momento, Mérida es la única capital autonómica, de las 17, que no disfruta de un estatuto de capitalidad, por mucho que lo hayan solicitado los alcaldes, que han sido tanto del PSOE como del PP, y, además, no se trata de conseguir ese título porque suene bien o dé prestigio a la ciudad, el verdadero sentido que da el estatuto, es el económico, con lo cual, no deberíamos estar como estamos.

Nuestra ciudad presta servicios a los extremeños, como consecuencia de su capitalidad, que otras ciudades no ofrecen y lo lógico sería, que nuestro gobierno autonómico contribuya económicamente a esos gastos y no de forma graciosa, sino porque lo dice la ley. ¡Así de claro!

Son muchos años ya con este tema y en realidad lo único que hace falta es ponerse de acuerdo con la cantidad mínima que deberá percibir por los servicios "especiales" que presta y naturalmente que ese mínimo esté en consonancia con lo que perciben otras capitales autonómicas, aunque no sean capitales de provincia, como le ocurre a Santiago de Compostela, que viene percibiendo todos los años, alrededor de tres millones de euros. ¡Ese es el tema!