El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Mérida ha llamado a declarar en calidad de imputados a Pilar Vargas, en la actualidad diputada en la Asamblea de Extremadura y exconcejala en el Ayuntamiento de Mérida, donde fue portavoz del gobierno municipal de Pedro Acedo y candidata del PP en 2007, y al hermano de éste, el abogado Ángel Acedo. Se trata de las dos primeras personas que el juez llama a declarar dentro del proceso iniciado por la denuncia que el PSOE de Mérida presentó contra el alcalde y otras 35 personas por una presunta "trama estratégica" para el "enriquecimiento personal y lucrativo, así como al de su entorno con dinero público", según recoge la demanda.

Esta recayó en el citado juzgado después de que el fiscal detectará indicios de varios delitos, entre ellos prevaricación, fraude, negociaciones prohibidas a los funcionarios y cohecho, como ya informó este diario el pasado mes de abril.

Por el momento se desconoce si el juzgado ha llamado a declarar a más personas relacionadas con este asunto. Pedro Acedo, preguntado esta mañana en el transcurso de una rueda de prensa, se ha mostrado tranquilo con el proceso. Ha señalado que se trata de una denuncia del PSOE en base a una auditoría que estuvo "tres años en un cajón" y que presentaron antes de las elecciones municipales para obtener rendimientos políticos".

En su opinión, los delitos de los que se le acusan están basados en "una novela" escrita por el secretario general del PSOE de Mérida, Ignacio Sánchez Amor, en la que "empezó a apuntar a gente que se demostrará que nada tienen que ver con ninguna de las cuestiones que denuncia el Partido Socialista".

Acedo insiste en que todo se basa en una denuncia del PSOE y que no se ha realizado investigación policial alguna, y que de momento se trata de una imputación, que en un estado garantista, lo único que supone es que el denunciado pasa de ser testigo a estar acusado de un delito concreto, con lo que se amplían sus derechos para ejercer su defensa. En este caso, ambos estarían acusados de un delito de prevaricación administrativa.