La Operación Cigüeña , una intervención policial realizada hace 11 años que fue considerada como el mayor éxito contra el expolio y la venta de piezas arqueológicas y que tuvo una gran repercusión nacional, ha resultado ser un fiasco. Un auto del Juzgado de lo Penal dictado en marzo ha obligado a la Junta a devolvérlas a sus propietarios, ya que provenían "del lícito comercio" y ordena "la entrega inmediata a sus legítimos dueños de todos los objetos intervenidos en la presente causa en posesión de la Junta".
El auto atribuye lo sucedido a "una confusión" en la investigación policial.
Las piezas, depositadas en el almacén del museo romano, fueron restituidas en dos veces, en abril y el pasado miércoles.
Los hechos se remontan a septiembre de 1993, cuando la policia puso en marcha la denominada Operación Cigüeña a instancia de la Dirección General de Patrimonio, dirigida entonces por José María Soriano. Agentes del Grupo de Delitos del Patrimonio Histórico de la Brigada Central de Madrid efectuaron en Mérida 15 registros, detuvieron a 5 personas y requisaron 500 piezas valoradas en "miles de millones de pesetas".
Alain Duriaux, súbdito belga que pasó seis días en los calabozos como principal imputado en la causa, manifestó ayer que las piezas de valor tenían facturas, ya que fueron adquiridas en subastas de Inglaterra y Alemania, y el resto eran fragmentos o piezas de coleccionistas sin relevancia. Cree que lo sucedido se debe a la falta de formación de los policías y a la repercusión nacional del caso, "ya que a los tres días sabían que no había nada".
Ahora anuncia que emprenderá acciones judiciales, entre otras cosas porque ni a él, ni a las otras personas afectadas, les han devuelto todas las piezas que les requisaron.
