La concesión de las seis nuevas licencias de taxi tendrá que esperar. Después de que los profesionales emeritenses recurrieran por vía judicial el pasado mes de abril la decisión del exconsejero de Tráfico, Manuel Balastegui, de ampliar de 47 a 52 los permisos actuales, el Juzgado Contencioso Administrativo Número 2 de Mérida ha decretado la suspensión cautelar del procedimiento al estimar que el interés general que en el que se basa el ayuntamiento es escaso. Según explica el abogado de los taxistas, Iñigo Arruti, el consistorio tiene 15 días para recurrir el auto, aunque para hacer efectiva la suspensión es necesario que los denunciantes depositen un aval de 12.000 euros para cubrir futuras indemnizaciones por daños y perjuicios. El portavoz municipal, Fernando Molina, aseguró ayer que al consistorio no ha recibido aún notificación al respecto, pero desde el Grupo Socialista, exigen ya una rectificación al Equipo de Gobierno .

"Lo más seguro es que el proceso quede paralizado hasta que haya una sentencia firme, pero esperamos que la nueva concejala --Raquel Bravo, que asumió las competencias de Tráfico tras la destitución de Balastegui-- retome el asunto y dialogue, porque no hay argumentos ni es justo", manifestó ayer el presidente de la Confederación del Taxi de España y portavoz de los taxistas de Mérida, José Artemio Ardura.

INTERES PUBLICO En el auto al que ha tenido acceso este diario, la magistrada Carmen Romero explica que el hecho de que la Mesa de Tráfico aprobara la creación de las licencias "sin especificar cuántas" --el consistorio determinó después que serían seis-- unido al informe económico que presentaron los taxistas y que acompaña a la denuncia para demostrar la evolución negativa de la actividad en los últimos años en la ciudad "lleva a la conclusión de que las exigencias de ejecución que el interés público presenta son tenues". Por ello, sin entrar a prejuzgar el fondo del asunto y suponiendo que su paralización generará "unos perjuicios de escasa entidad", la jueza decreta la suspensión cautelar de la adjudicación, a las que optan 14 aspirantes, previa prestación de una fianza de 12.000 euros por la parte demandante. El abogado de los taxistas, Iñigo Arruti, explica que la cantidad se exige para cubrir las posibles indemnizaciones por daños y perjuicios que los afectados por la paralización pudieran pedir en un futuro.

Aunque el portavoz municipal, Fernando Molina, aseguró ayer que al consistorio no ha llegado aún ninguna notificación , el ayuntamiento tiene 15 días para recurrir el fallo de la juez. En cualquier caso, Arruti considera que "sería un atrevimiento" seguir adelante con la adjudicación cuando está judicializada, porque después podría anularse e iniciar los afectados toda una serie de pleitos que acabarían siendo más costosos para el ayuntamiento.

Desde el PSOE, Antonio Sánchez Barcia exigió ayer al Equipo de Gobierno y al exconsejero Balastegui una rectificación inmediata. "Lo único que pretendían era devolver los compromisos adquiridos en la campaña electoral. Exigimos que dejen de tomar decisiones como los dueños del cortijo", apuntó.