La Junta de Extremadura y el Ayuntamiento de Mérida constituyeron ayer el Consejo de la Capitalidad, órgano que nace al amparo del Estatuto de Capitalidad de Mérida para velar por la coordinación entre ambas instituciones a la hora de prestar los servicios relacionados con el estatus capitalino de la ciudad. El Consejo está integrado por 12 miembros, seis representantes del Ejecutivo regional y otros tantos de la corporación municipal, si bien en la reunión de ayer también estuvo presente el jefe del Gobierno autonómico, Guillermo Fernández Vara. Según explicó alcalde, Antonio Rodríguez Osuna, el encuentro fue una primera toma de contacto. Se habló de todas las inversiones que la Junta realiza en la capital --el Ejecutivo se ha comprometido a aportar un informe al respecto--, así como de los principales problemas que presenta, entre ellos la situación del conservatorio o el camalote.

Además de Osuna, como representantes municipales acudieron los concejales Carmen Yáñez y Rafael España por el PSOE; Daniel Serrano por el PP; Fernando González Rendo por Podemos y Alvaro Vázquez por IU. Por su parte, los representantes de la Junta son Nieves Esteban Paz, secretaria general de Política Territorial y Administración Local; Ascensión Murillo, secretaria general de Hacienda y Administración Pública; Francisco Javier Gaspar Nieto, secretario general de Medio Ambiente Rural, Políticas Agrarias y Territorio; Consuelo Cerrato, secretaria general de Economía e Infraestructuras; Rubén Rubio, secretario general de Educación y Empleo, y Fernando Blanco, secretario general de Presidencia.

El Consejo se reunirá al menos una vez al año de forma ordinaria entre el 15 de septiembre y el 15 de octubre, justo antes de la presentación de los presupuestos generales de la Junta. Su función será velar por el cumplimiento del Estatuto de Capitalidad de Mérida y sentar las bases para la buena colaboración entre la administración local y regional. El texto, aprobado en la anterior legislatura con el apoyo de todos los grupos parlamentarios, regula el estatus capitalino de Mérida y le concede una dotación económica, fijada en dos millones de euros anuales, para financiar los servicios que tiene que prestar como capital.

Osuna recordó que esos dos millones, ya incluidos en el presupuesto municipal de este año, se destinarán a financiar "gasto ordinario de vigilancia, de policía o de limpieza, pero nunca a inversiones productivas" porque así lo recoge el Estatuto. "Esto no es un dinero extra que viene a Mérida por se capital para que se lo gaste en lo que quiera, es para atender con plenas garantías al conjunto de extremeños", indicó el alcalde, que reiteró que otras inversiones que puedan llegar lo harán como al resto de ciudades, en función de sus necesidades y la disponibilidad de fondos.