La Junta mantiene una actitud de prudencia con respecto a la posibilidad de haber contratado a opositores que hubieran obtenido alguno de los títulos falsificados por la red desmantelada por la Guardia Civil. Fuentes de la Consejería de Administración Pública sostienen que por el momento no se ha iniciado ninguna investigación al respecto. Sin embargo, esta posibilidad no está completamente descartada, ya que podría ser requerida en cualquier momento por la Inspección de Trabajo o por las autoridades judiciales en función de los avances que se vayan produciendo en la investigación de esta trama en la que formaban parte un sindicato de Cádiz y empresas relacionadas con la prevención laboral.

Preving Consultores, en cuya oficina de Mérida trabaja una mujer incluida entre los diez detenidos --el resto en Cádiz y Canarias-- insistió ayer en que nunca ha expedido ningún título relacionado que la trama, y asegura que todos sus diplomas cuentan con la acreditación oficial y están homologados. La empresa anunció ayer que ha iniciado acciones legales para defenderse de cualquier daño o perjuicio que pueda derivarse de este asunto.