La polémica por los malos olores que presuntamente genera la empresa Extremeña de Grasas parece que está lejos de acabar. Después de que el pleno municipal aprobase el viernes una moción exigiendo a la Junta que resuelva el problema, el Ejecutivo regional volvió a insistir ayer en que la solución está en manos del ayuntamiento.

En este sentido, la Junta afirmó, a través de un comunicado, que tanto la ley de Bases de Régimen Local como el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas dejan claro que las competencias sobre las licencias de actividad son municipales. "A partir de ahí, le corresponde a esta administración municipal llevar a cabo las actividades de control y vigilancia de dicha actividad y, en caso de que haya incumplimiento, le corresponde adoptar la sanción", añadió.

De esta forma el ayuntamiento puede decretar multas, cierres temporales e incluso el cierre definitivo de una empresa. A esto se suma, insiste la Junta, que los consistorios tienen competencias para establecer, a través de una ordenanza, el régimen que estimen oportuno en materia de exigencias medioambientales y expresar el nivel de calidad ambiental de su población.

Esto es así en mayor medida, recalca, cuando se trata de ayuntamientos con más nivel de competencias y grados de actuación por contar con una población superior a 50.000 habitantes. Y es que, recalca el Ejecutivo, el Ayuntamiento de Mérida "tiene la responsabilidad y los medios legales necesarios para actuar en el ejercicio de sus funciones y competencias obligatorias".

Con todo, la Junta concluye que que no tiene validez alguna la aprobación en pleno de una declaración "que proponga escurrir su responsabilidad".