No se ha producido ningún lanzamiento de familias de la vivienda en cuestión ya que esta estaba desocupada". Es la respuesta de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales al desahucio que se produjo el pasado martes en un piso ubicado en el número 15 de la calle Juan de la Cosa, en la barriada de Cruzcampo. La Junta explicó ayer que tenía un auto judicial de entrada por ocupación ilegal, pero que "en aras de la cautela y la prudencia que adopta en estos casos", desde la Secretaría de Vivienda se optó por hacer un seguimiento "durante meses" para comprobar si efectivamente había alguien residiendo en el piso. El personal del departamento constató que no estaba ocupado, por lo que se procedió a su apertura para recuperarlo.
Sin embargo, fue la propia Josefa Fernández Vargas, supuesta inquilina, quien el martes aseguró rodeada de vecinos y con los muebles en la calle que se había metido en la casa tras "pegar la patada en la puerta". Manifestó que no tenía ingresos ni alternativa habitacional, que estaba separada y que tenía dos hijos de ocho y cinco años a su cargo. Señaló además que no había recibido ninguna notificación previa al desahucio por parte de la Junta y aseguró que solo le dieron "dos horas" para sacar los muebles y abandonar el piso. No obstante, desde la consejería defienden que fue "aproximadamente a las tres horas de la apertura de la vivienda cuando una señora (Josefa Fernández) se persona en la misma y dice que es suya".
La Junta aseguró que esta mujer es adjudicataria, junto a su pareja y sus dos hijos, de otra vivienda social en Juan Canet y que ayer mismo se citó a la familia en la consejería para aclarar la situación. Han solicitado un cambio de domicilio para la vivienda que tienen adjudicada, "una petición que será atendida", explican desde la consejería. El Ejecutivo detalló además que la vivienda recuperada en la calle Juan de la Cosa fue entregada ayer mismo a otra familia por adjudicación directa a propuesta del ayuntamiento.
PROTOCOLO El proceder de la Junta fue criticado por Podemos e IU, que pusieron de manifiesto la "inoperancia" del protocolo de desahucios del Ejecutivo regional. "La política de vivienda de Vara es la misma que la de Monago", afirmó el diputado de Podemos Daniel Hierro. Tras asegurar que la Junta ha ejecutado dos desahucios en Mérida en las últimas semanas, el parlamentario recordó que Podemos se negó a colaborar con este protocolo por considerar que las instituciones públicas "no deben contemplar siquiera la posibilidad de ejecutar desahucios, sino que deben respetar la Constitución y garantizar el derecho a una vivienda digna".
A su juicio, las circunstancias demuestran que esta estrategia, cuya mesa no se convoca desde hace meses, "no sirve para solucionar los problemas ni los desahucios en una estructura en la que solo la Junta tiene poder decisorio".
En la misma línea, el concejal de IU Alvaro Vázquez consideró que "la falta de voluntad de los firmantes del protocolo a la hora de llevarlo a la práctica convierte este compromiso en letra muerta, sin contenido ni una eficacia real". Desde la formación defienden que este documento no ha supuesto ningún tipo de cambio en la política de desahucios de la Junta y aunque sí reconocen una mayor implicación desde gobierno municipal en este ámbito, señalan que en la mayoría de los casos las decisiones se han visto reducidas "a la buena voluntad y la improvisación". "La solución a este problema requiere la adopción de medidas que garanticen una vivienda para todos aquellos que no puedan procurársela por sí mismos, más allá de declaraciones institucionales o iniciativas que carecen del contenido necesario para afrontar este tipo situaciones", concluyó Vázquez.
Ante las críticas, la Junta defendió el protocolo de desahucios como "un buen instrumento" para evitar que estos procesos afecten a personas que no pueden pagar y asegurar un hogar digno a todos los solicitantes de viviendas sociales. Por ello, lamentó que Podemos no lo haya suscrito, a pesar de que está respaldado por las plataformas ciudadanas antidesahucio.
