El Juzgado de Instrucción y Primera Instancia Número 1 de Mérida ha abierto diligencias legales por un delito de ocupación indebida en la urbanización Los Alamos después de que la promotora de la viviendas, la empresa Sevinova, haya denunciado a petición del ayuntamiento la toma de los pisos. El juez ha determinado que el Cuerpo Nacional de Policía deberá identificar a las familias que residen en la urbanización aún sin terminar y además, requiere el título de propiedad del inmueble, que ya habría sido aportado por la constructora según explicó ayer la vicealcaldesa y delegada de Urbanismo, Raquel Bravo, tras la Junta Local de Gobierno. El consistorio emeritense ha dado un plazo de 10 días a Sevinova para limpiar, tapiar y vallar la urbanización "para garantizar la seguridad en la zona".

El Ayuntamiento de Mérida ya presentó una demanda por ocupación indebida, pero según recordó Bravo, la causa fue sobreseída porque el juzgado consideró que el consistorio no tenía competencias para ello. Tras la negativa legal, Urbanismo solicitó a la empresa que denunciara ella misma la ocupación ilegal de las viviendas, siendo esta segunda demanda la que ha permitido abrir diligencias legales y pedir la identificación de los ocupantes. Al margen de la causa legal, el consistorio ha dado un plazo de 10 días a Sevinova para acometer los trabajos necesarios para mejorar la seguridad en la zona, entre ellos el vallado de la parcela, el tapiado de todos los huecos que permitan acceder al interior del edificio y la limpieza de su solar y los adyacentes. Si Sevinova no hicera caso de la orden, Urbanismo ejecutará los trabajos y repercutirá el coste a la constructora.

La problemática de la urbanización Los Alamos también se abordó en el pleno municipal celebrado ayer, donde tras un tenso debate entre Bravo y el edil de Siex, Antonio Vélez, no llegó a votarse la propuesta suscrita por los tres grupos de la oposición que pedía instar a la Junta a terminar la urbanización para después incorporar los pisos al parque público de viviendas, así como "reubicar de un modo inmediato y provisional" a las familias que la ocupan. Bravo explicó que esta propuesta "es inviable desde el punto de vista técnico, jurídico y presupuestario" porque los pisos no cumplen los requisitos de las viviendas públicas y finalmente PP, PSOE, IU y Siex se emplazaron a trabajar para buscar juntos una solución, aunque Vélez pidió propuestas concretas a la delegada.