La asociación Malvaluna atendió el año pasado a 220 mujeres de la comarca de Mérida que habían sufrido malos tratos por parte de sus parejas o de sus exparejas, al tiempo que atendió hasta 162 llamadas telefónicas de posibles víctimas solicitando ayuda urgente.

Según las estadísticas de la asociación, las mujeres que padecen estas agresiones suelen tener de 25 a 45 años de edad, con estudios primarios y que están dedicadas exclusivamente al cuidado familiar o realizan actividades laborales sin estar dadas de alta en la Seguridad Social.

Para Gloria Angulo, una de las coordinadoras de la asociación, "lo más preocupante es que desde hace algún tiempo, cada vez son mujeres más jóvenes las que están sufriendo este problema, y si la media antes estaba en 49 años, ahora ha bajado hasta los 29".

Entre las circunstancias que con más frecuencia están en el origen de los malos tratos está la discusión por motivos de separación conyugal, convirtiéndose el hogar en el lugar más habitual para la agresión, con un 78% de los casos registrados.

Para Malvaluna, actualmente hay que hacer frente a otro problema como es la rígida aplicación del principio de presunción de inocencia, que resta credibilidad al testimonio de la víctima y de alguna manera promueve la salida, en el mejor de los casos, de la agredida fuera del domicilio familiar. En esta situación se encuentra casi la mitad de las presuntas maltratadas en la comarca emeritense.

Las estadísticas no son fiables y más aún cuando 27 de cada 100 víctimas no son conscientes de su situación, sobre todo porque ésta se encubre detrás del daño psicológico.

Desde la interposición de la denuncia hasta la celebración del juicio, en la mitad de los casos llegan a pasar 6 meses, tiempo en que la mujer puede perdonar al agresor y provocar el sobreseimiento del caso aunque en el código penal no se contemple éste como posible causa de tal actuación judicial.

Tras la separación hay que proceder a la imposición de la paga mensual por parte del denunciado para el sostenimiento de los hijos, aunque el informe refleja que en un 38% de los casos se producen situaciones de impago.