Hasta 1.500 euros de multa por pegar carteles y repartir folletos. El expediente sancionador que el Ayuntamiento de Mérida ha iniciado contra el edil de IU, Alvaro Vázquez, y los activistas Manuel Cañada y Marisa Prudencio por su participación en el Campamento Dignidad contempla una sanción de entre 750 y 1.500 euros para cada uno porque aunque en principio se les multó por ocupar la vía pública, según denuncia Vázquez, un cambio posterior en el procedimiento administrativo ha hecho que finalmente el consistorio les sancione por desarrollar actividades publicitarias sin tener licencia.

Es precisamente en este cambio "sobre la marcha" en lo que los tres afectados se basarán para recurrir la resolución municipal, firmada por el exconsejero de Tráfico y Seguridad Ciudadana, Manuel Balastegui. Alvarez explica que el órgano que ha tramitado la sanción no ha tenido en cuenta los fundamentos de hecho y de derecho en los que se basa: la Policía les denuncia por ocupar la vía pública y después, el expediente recoge que la sanción se debe al reparto de publicidad sin permiso. "No se han equivocado, querían multar sí o sí", explica el edil de IU, que detalla que en este caso no era factible denunciar a la Acampada por ocupar la vía pública porque los participantes estarían haciendo uso de su derecho a manifestarse.

Los tres afectados entienden que al no poder sancionar por ocupar la vía pública, se optó por hacerlo por pegar carteles y repartir folletos sin permiso. "Esto es una pataleta de Balastegui, y espero que rectifiquen porque si no, seremos nosotros los que les denunciaremos a ellos por prevaricación", apuntó Vázquez. La notificación de la sanción no se produjo el primer día de acampada, cuando la Policía les tomó los datos, "para evitar posibles alteraciones del orden público".