La Agencia Española de Protección de Datos ha iniciado un proceso sancionador contra la entidad municipal de transportes urbanos de Mérida SL tras la denuncia presentada ante la misma por CCOO con motivo de la instalación de cámaras de vigilancia en los autobuses urbanos. Este hecho puede ser sancionado con una multa que va desde los 60.101 hasta los 300.506 euros.

El dato lo ofreció ayer el secretario de Acción Sindical de la Federación de Servicios y Administraciones Públicas (FSAP) de CC.OO-Extremadura, José Luis Lancho, quien manifestó que, tras conocer la instalación de las cámaras, solicitaron un informe a la Delegación del gobierno y lo denunciaron el 12 de agosto del 2005 ante la Agencia de Protección de Datos y el Ministerio Fiscal, organismo del que aún no han recibido respuesta.

RAZONES DE LA SANCION Según la resolución, las actuaciones de la empresa, que dispone de 15 días para alegar, infringen la Ley de Protección de Datos, ya que la grabación de imágenes y su posterior almacenamiento no es consentida por los ciudadanos ni sus trabajadores. Destaca también que tampoco da un tratamiento especial a los menores o discapacitados en estas grabaciones, como establece la ley.

Además, las grabaciones no están inscritas en el Registro General de Protección de Datos en el que se almacenan las imágenes, lo que supone otra infracción leve, sancionada con una multa que oscila entre los 601 euros a 60.101 euros.

Ante esto, Lancho señala que la empresa ha actuado de forma ilegal y pide al gobierno local, puesto que la empresa de transporte es pública y gestionada por el consistorio, que "inmediatamente" retire la grabación. Por su parte el consistorio ayer no se pronunció al respecto.

El dirigente de CCOO consideró "peligroso que esas imágenes puedan deambular por ahí son permiso" y anunció que dará a conocer la resolución de la Agencia de Protección de Datos al Ministerio Fiscal para que paralice las grabaciones una vez demostrado que atenta contra un derecho fundamental.

Por último, recordó que la empresa municipal de transporte (EMT) de Madrid, desistió de colocar cámaras en sus transportes públicos por los conflictos que podían crear en los ciudadanos y los trabajadores