Ence está estudiando cancelar la construcción de la planta de biomasa de 20 megavatios que tenía previsto poner en marcha en Mérida a partir del año 2014. Según han confirmado fuentes de la empresa a este diario, el último recorte del Gobierno central a las primas de las renovables ha invalidado económicamente el proyecto, que tenía prevista una inversión de más de 80 millones de euros y la creación de 200 empleos. La decisión definitiva será adoptada "en próximas fechas" por el consejo de administración de la compañía, que asegura además que la nueva legislación estatal le ha obligado a poner en marcha "una fuerte reestructuración laboral" que afectará a 144 trabajadores. "Estas medidas suponen un duro e inesperado impacto en el desarrollo de los planes de Ence en inversión de biomasa en España", explica.

La compañía está comunicando las nuevas dificultades a los contratistas y proveedores de la planta de 20 megavatios que tenía previsto poner en marcha a partir de la segunda mitad del año 2014 en en Mérida, junto a la N-630. Las obras de construcción se iniciaron en noviembre de 2012 tras obtener un año antes la declaración de impacto ambiental favorable y finalizar el pasado agosto los trámites con Banesto, La Caixa y BBVA para obtener financiación. Según la valoración que la empresa ha realizado, el impacto del cambio regulatorio promovido por el Gobierno central para las energías renovables hace que sea necesario reducir en un 20% el coste de todos los suministros y contratos de la planta de biomasa para garantizar su rentabilidad. La planta de Mérida era el mayor y más prioritario proyecto para Ence en estos momentos y con sus 20 megavatios de potencia --suficiente para abastecer a 50.000 hogares durante un año-- era también uno de los más importantes a nivel nacional.

EXPECTATIVAS La cancelación de la planta supondría además la desaparición de las expectativas de generación de empleo y riqueza generadas en torno a su construcción, así como a las del resto de proyectos que Ence tenía previsto desarrollar en Extremadura. "El cambio regulatorio energético del Gobierno va a suponer un serio obstáculo para el lanzamiento de nuevos proyectos de aprovechamiento energético de biomasa en España, una energía que está ampliamente reconocida por ser la que más empleo crea (cerca de 20 puestos por megavatio instalado, la mayor parte en zonas rurales), por su ventajas medioambientales y por su contribución a la reducción de incendios", concluye Ence.