De las once ciudades piloto en las que se implantará la Oficina Judicial, Mérida será la única que no contará con el servicio común de ordenación del procedimiento, encargado de tramitar las demandas y denuncias. Así lo manifestó ayer el responsable de justicia de CCOO, Vicente Alegre, durante una concentración a las puertas del Palacio de Justicia en protesta por este recorte. Según el sindicato, los funcionarios que trabajan de apoyo directo al juez serán los encargados de tramitar las demandas con la consecuente carga laboral.

Para ello, se restará una media de tres funcionarios en los juzgados de primera instancia y de cinco en el caso de los juzgados de lo contencioso. "El retraso en las tramitaciones de justicia es colosal y cuando se implante la Oficina Judicial será aún mayor" criticó el líder sindical. El atasco de los procedimientos judiciales se extiende a seis meses y, según Alegre, los juzgados de primera instancia gestionan 1.500 asuntos cuando el tope máximo es de 450. A su juicio, su implantación sin el citado servicio no agilizará los procedimientos y desembocará en una situación de "caos total" que perjudicará seriamente a los ciudadanos. Desde la organización estiman que sería necesario ampliar la plantilla en unos 14 funcionarios para crear este servicio.

PUESTA EN MARCHA La Oficina Judicial entrará en funcionamiento la segunda quincena del mes de abril. "El Ministerio de Justicia quiere imponerla antes de que se celebren las elecciones del 2011", aseveró tajante. El nuevo Palacio de Justicia, ubicado en el Tercer Milenio, ya está adaptado para albergar el sistema. El número de funcionarios que se verán afectados por su puesta en marcha asciende a 84. La organización sindical reclama al ministerio que negocie la distribución de la plantilla antes de hacer pública la relación de puestos de trabajo. Su intención es continuar con las movilizaciones y estudian llevar a cabo paros parciales, así como una huelga en la capital autonómica.