Seis años después, continúa la polémica por los taxis. El Tribunal de lo Contencioso-Administrativo ha condenado al Ayuntamiento de Mérida a culminar el proceso para la adjudicación de las seis licencias que se crearon en el año 2013, bajo el último mandato de Pedro Acedo, y que el Ejecutivo socialista de Antonio Rodríguez Osuna no culminó alegando defectos no subsanables.

Ahora, la sala estima los recursos presentados por cuatro particulares y entiende que los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local el 15 de noviembre de 2015 y el 17 de marzo de 2017 para dejar sin efecto la adjudicación de las licencias no se ajusta a derecho, informa Efe. El juez obliga al consistorio a culminar el concurso conforme a los pliegos publicados en marzo de 2013 y también le condena a abonar las costas procesales.

Se trata ya de la segunda sentencia que se pronuncia contra el consistorio por este asunto. El pasado julio, raíz de la denuncia de otros afectados, el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) también condenó al ayuntamiento emeritense a culminar la adjudicación de las seis licencias. El Ato Tribunal consideró que el consistorio «debería haber hecho un esfuerzo por detallar e identificar debidamente los vicios que consideraba insubsanables», pero no lo hizo.

RECURSOS / Contra el pronunciamiento del TSJEx se presentó un recurso de casación ante el Supremo y la portavoz municipal, Carmen Yáñez, confirmó ayer que la sentencia emitida ahora por el Tribunal de lo Contencioso-Administrativo también se recurrirá al TSJEx.

En un comunicado, Yáñez defendió que el Equipo de Gobierno ha actuado «en todo momento» conforme al marco legal establecido, como así lo demuestra el hecho de que los afectados hayan podido apelar frente al ayuntamiento. «Lo hicieron porque las notificaciones que realizamos se ajustaban a derecho», aseguró la portavoz, que repitió que en relación a este tema «se ha actuado con buena fe y defendiendo la legalidad». Según Yáñez, el Equipo de Gobierno acudirá hasta las últimas instancias, «porque siempre hemos defendido la legalidad y los procedimientos adecuados hasta para que los afectados pudiesen reclamar», dijo.

Cabe recordar que la creación de las licencias de taxi levantó mucha polémica e incluso dividió al propio sector. El Ejecutivo del PP creó las licencias, pero tras el cambio de gobierno en 2015 los socialistas no las sacaron a licitación. Osuna alegó que en el expediente existían «infracciones no subsanables» y que tampoco se habían respetado los principios de igualdad, transparencia y publicidad.