La utilización fraudulenta de material informático conlleva varios tipos de delitos tipificados en el Código Penal. En el caso de las fotografías de carácter íntimo y sexual difundidas en internet en las que aparecen varias personas, entre ellas la concejal de Hacienda, Gloria Constantino, se considera un delito de descubrimiento y revelación de secretos mediante el apoderamiento y difusión de datos reservados de carácter personal o familiar registrados en soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado. Es calificado como un ataque que se produce contra el derecho a la intimidad, y contempla penas de hasta siete años de prisión.
Así aparece recogido en el artículo 197 del Código Penal. En su primer apartado establece que tendrá penas de uno a cuatro años de cárcel y multa de doce a veinticuatro meses, todo aquel que "para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales".
Además, el apartado 4 aclara que si esos hechos "se realizan por las personas encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, archivos o registros, se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años, y si se difunden, ceden o revelan los datos reservados, se impondrá la pena en su mitad superior"; es decir, cuatro años.
Complejidad
La variedad es compleja en este tipo de delitos. En este sentido, otro apartado de este artículo 197 contiene que "si los hechos se realizan con fines lucrativos", las penas llegan hasta los cinco años de prisión; mientras que "si afectan a datos de carácter personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima fuera un menor de edad o un incapaz", puede suponer un castigo de entre cuatro y siete años de cárcel.
Al margen de este artículo, también serán penados con entre uno y tres años aquellas personas que revelasen secretos ajenos, de los que tenga conocimiento por razón de su oficio o sus relaciones laborales, según establece el artículo 199.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está investigando la difusión de fotografías sacadas del ordenador del abogado Angel Acedo, por lo que detuvo el pasado mes a tres personas, que están en libertad con cargos.
