El pleno municipal aprobó ayer --con los votos a favor del PP y la abstención condicionada del PSOE-- reclamar a la Junta la liquidación de la deuda de 1.279.000 euros por conceptos de tasas e impuestos, así como por el Programa Operativo de Extremadura (POE) y el Programa Operativo de Medio Ambiente Local (POMAL) de años anteriores, que el Ejecutivo regional debe al ayuntamiento. Además, en la sesión plenaria los votos a favor del PP permitieron la creación de una empresa mercantil que se hará cargo de la gestión turística y que contará con un capital social de 10.000 euros, que se acometerá mediante un crédito extraordinario.

La delegada de Hacienda, Gloria Constantino, explicó que la situación financiera del ayuntamiento depende del pago de los impuestos y de las subvenciones públicas, y reiteró que ha comunicado esta deuda en "reiteradas" ocasiones en los últimos años a responsables de la Junta, pero "no hemos recibido ni una sola respuesta". Del total de lo adeudado, indicó, 566.000 euros corresponden al pago de tasas e impuestos como el de recogida de basuras o el de vehículos, que "vienen en algunos casos desde hace más de diez años", y el resto en concepto de programas europeos.

El equipo de Gobierno "ha agotado todas las vías y la Junta no paga", insistió, por lo que propuso que "se inste a que la Junta liquide de forma urgente la deuda y que se de cuenta esta propuesta al presidente de la Junta y al consejero de Hacienda para que ordene saldar la deuda que tiene con el ayuntamiento".

En este sentido, el portavoz socialista, Angel Calle, recalcó que "quien debe, tiene que pagar", por lo que expresó el apoyo de su formación a la propuesta de solicitar el abono referente a las tasas e indicó que el PSOE se abstenía respecto a la deuda reclamada por impagos de los programas europeos hasta estudiar los informes de los servicios Tesorería e Intervención al respecto.

TURISMO Por otro lado, el pleno aprobó de forma inicial --con el apoyo del PP y la abstención del PSOE-- los estatutos de una empresa municipal de gestión turística. Se trata de la sociedad mercantil Turismo y Desarrollo Rural de Mérida Sociedad Limitada, que se encargará de la gestión, la prestación de servicios, la promoción y los recursos turísticos. Contará con 10.000 euros de capital social, una junta general --el pleno-- y un consejo de administración, del que formarán parte tres ediles.

El PSOE presentó varias enmiendas para dotar de mayores competencias al pleno y aumentar el control público, algunas de las cuales serán aceptadas.