La aplicación de la ley de Grandes Ciudades en el ayuntamiento supondrá una serie de cambios. Uno de los más importantes es la pérdida de peso político de los plenos municipales, ya que no será necesario que pasen por este organismo asuntos de gran importancia para la ciudad. Por contra, la junta local de gobierno gana poder, al asumir nuevas y vitales competencias.
Así, esta junta, formada por el alcalde, seis concejales y dos adscritos, podrá aprobar los proyectos de ordenación urbanística, la concesión de licencias, las contrataciones y concesiones, la compra y venta de patrimonio, las operaciones de crédito o la relación de puestos de trabajo.
En unas recientes declaraciones sobre esta cuestión, el alcalde Pedro Acedo manifestó que "es cierto que el pleno pierde poder, es verdad, pero yo no he hecho esta ley, la han elaborado los partidos políticos de forma consensuada y adaptarse a la ley será bueno".
En relación a este mismo asunto, la portavoz del equipo de gobierno, Pilar Vargas, señaló que aunque a la junta local de gobierno se la dote de más competencias, "no quita que cada expediente o iniciativa deba ir avalado con informes de los técnicos para ver si son legales".
CONSEJO Ahora, además de los distritos, cuya creación es obligada por esta ley, el ayuntamiento debe poner en marcha antes de junio el consejo social de la ciudad, integrado por representantes de organizaciones económicas, sociales, profesionales y de vecinos; una comisión especial de sugerencias y reclamaciones para la defensa de los vecinos, formada por representantes de los grupos políticos; y un órgano especializado en reclamaciones sobre actos tributarios. Lo integrarán al menos tres personas designadas en un pleno municipal. Entre sus fines está resolver reclamaciones que pondrán fin a la vía administrativa.
