Las patrullas en motocicleta de los agentes del Cuerpo Nacional de Policía en Mérida se suspenderán a partir del 20 de noviembre. Se trata de una iniciativa que parte de los sindicatos policiales Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Unión Federal de Policía (UFP) como medida de protesta por la falta de material de seguridad apropiado para circular con estos vehículos.
Según han señalado a este diario fuentes sindicales, en la Comisaría de Mérida hay actualmente 10 motocicletas, pero tan solo existe el equipamiento completo para dos de ellas. En concreto, lo que falta son el mono, las botas y la cazadora, lo que obliga al resto de los agentes a circular sin protección con la ropa "de oficina".
Al mismo tiempo que se suspenderán las patrullas, los agentes iniciarán una recogida de firmas entre los ciudadanos con el fin de presentar una iniciativa popular en la Asamblea de Extremadura encaminada a instar al Gobierno central que salga elegido tras los comicios electorales a proporcionar a la comisaría emeritense el equipamiento apropiado para desempeñar sus tareas. En este caso concreto, patrullar en motocicleta cumpliendo con todos los requisitos de seguridad.
INSEGURIDAD
Fuentes policiales confirman que estas reivindicaciones han sido trasladadas en varias ocasiones al comisario de Mérida y al jefe superior de Policía en Extremadura, y que la respuesta del Ministerio del Interior siempre ha sido hasta ahora que no hay recursos suficientes para atender la petición.
Los sindicatos convocantes de la medida de protesta ponen el punto de mira sobre la pérdida de eficacia que supondrá la paralización de las patrullas en motocicleta en la labor de prevención de delitos en la ciudad, así como para la rápida actuación necesaria para los casos de pequeños delitos de hurtos y de robo en establecimientos comerciales, especialmente en las calles del centro y peatonales, donde se concentran la mayor parte de negocios de ropa, calzado y entidades financieras, que reclaman la presencia policial para garantizar la seguridad de sus clientes y el desarrollo de su actividad. Asimismo consideran que un repunte en los índices de criminalidad tendrá un efecto disuasorio sobre el turismo, y asimismo perjudicará al comercio de la ciudad.
Los convocantes esperan que esta medida de protesta ponga fin a un proceso de negociación que no llega a ninguna parte y que impide a los agentes desempeñar su labor, afirman, y más ahora con la llegada del frío y la lluvia.
