La delegada de Hacienda, Industria y Turismo, Gloria Constantino, acusó ayer a la Junta de Extremadura de "rozar la prevaricación" al "estrangular" el proceso de modernización de la ciudad por no permitir la Comisión Regional de Precios la modificación presentada por el ayuntamiento para la subida del agua este año hasta alcanzar los 0,52 euros. Además, ha advertido al Ejecutivo autonómico que si no paga en un plazo de tres meses los más de 720.000 euros que adeuda al consistorio, señaló, éste iniciará acciones judiciales.

El rechazo a la propuesta de la tarifa del agua, indicó Constantino, es "una muestra más" del "estrangulamiento constante" de la Junta al ayuntamiento al tratar de "anular y paralizar nuestra toma de decisiones".

En este sentido, dijo que la no aprobación de las nuevas tarifas del agua pone en peligro acciones previstas como efectuar pagos a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG), la bonificación a las familias numerosas, la recogida a domicilio del aceite doméstico usado, y la instalación de filtros de carbón activado para mejorar la calidad.

Además, aseguró que la denegación de esta modificación es una actuación más del "trato discriminatorio" hacia la ciudad, ya que ha puesto trabas para la llegada de la universidad privada, y ha rechazado abrir un centro comercial en la Zona Norte y la reforma de la calle Santa Eulalia.

Todo esto sucede, indicó, mientras el Gobierno regional adeuda al ayuntamiento más de 720.000 euros en concepto de transmisiones de fondos de cohesión, impuestos y tasas.

Sin embargo, anunció que tomarán medidas tales como acudir a los tribunales o "ir a las puertas del señor Ibarra".