El PP "blindó" el contrato del exgerente de la empresa municipal Transportes Urbanos de Mérida, Prudencio González, --desde el lunes lo es José María Ceballos por acuerdo del PSOE-- pocos días antes de dejar el ayuntamiento (fue trasladado al Servicio Extremeño Público de Empleo, Sexpe, el 13 de abril) . La denuncia la hizo pública ayer la edil socialista y presidenta del Consejo de Administración de la Empresa Municipal Transportes Urbanos de Mérida, Mercedes Moyano. Según aseguró, con el nuevo contrato de González en la mano, para despedir al que ha sido gerente de autobuses en los últimos seis años, el ayuntamiento debe pagarle 266.519 euros,más de 44 millones de pesetas, correspondientes a 45 meses de salario más trienios y otros beneficios. Como se sabe, el despido más alto establecido por el Estatuto de los Trabajadores es de 45 días por año trabajado.
Todo porque los ediles del PP miembros del anterior consejo de administración aprobaron en una sesión celebrada el 6 de julio del 2006 --en la que los representantes del PSOE estuvieron ausentes-- un nuevo contrato "en el que el propio gerente se propone blindárselo", pasando a cobrar mensualmente de 2.629 a 4.924 euros y convirtiendo en indefinido el que tenía de dos años prorrogables.
"ASALTO A LA CIUDADANIA" La concejala explicó que, debido a la ausencia de los miembros socialistas en aquella reunión, estos avisaron al PP para que se retiraran algunos puntos propuestos por el PSOE, entre ellos los relativos a una sentencia sobre el conflicto colectivo planteado por un sindicato y la subida salarial de los empleados de la empresa. Finalmente estos puntos se retiraron al no presentarse los concejales socialistas. Sin embargo, según Moyano, el lunes se encontraron la propuesta del nuevo contrato acordado entonces. Ahora, el PSOE no acepta el mismo, ya que considera que "se ha actuado de mala fe y es un asalto a la ciudadanía", por lo que van a proponer una indemnización a González de 11.722 euros, de acuerdo a su contrato inicial, indicó, y no por el "blindado", por el que serían 266.519.
En caso de que el gerente recurra, "iríamos incluso a la vía penal". Si hubiera que hacer este pago, dijo, el dinero saldría del ahorro que se obtendrá al readmitir a cinco trabajadores despedidos de forma "improcedente" y que no hay que indemnizar.
