La portavoz del grupo popular en el ayuntamiento, Pilar Vargas, afirmó ayer que con la anulación del contrato por el que la empresa Sidecu ha construido la ciudad deportiva, "el equipo de gobierno ha demostrado ser irrespetuoso con la ley", y anuncia que exigirán responsabilidades civiles y penales.

En este sentido, Vargas acusó al alcalde Angel Calle de anular el contrato "unilateralmente y por decreto, saltándose a la torera dar audiencia previa preceptiva a la otra parte, a la empresa".

También señaló que el informe de la Junta dando un mes de plazo al ayuntamiento para que anulase el contrato, o interponía un Contencioso, "no es vinculante ni preceptivo, porque la Junta no tiene capacidad para anular el contrato", aseguró.

REGISTRADOR Además afirmó que era "falso" que el Registrador de la Propiedad anulara la escritura de transmisión de la ciudad deportiva argumentando varias irregularidades en el proyecto, "porque la ha suspendido, no anulado, señalando defectos que son todos subsanables. Y decimos a Calle que subsane esos defectos de forma, y si no es así, incurrirá en una grave responsabilidad civil y penal por la que vamos a pedir cuentas", dijo.

Ante los argumentos dados por el registrador de "suspender" la inscripción de la escritura, los populares dicen que no existe la menor duda de que los terrenos donde se destinan las unidades de aprovechamiento transmitidas a la empresa son de titularidad pública, así que como que el exalcalde Pedro Acedo estaba facultado para suscribir el contrato, pese a estar en funciones cuando se firmó.

Por otro lado, en las alegaciones del recurso se señala que la cuantificación de los aprovechamientos urbanísticos están recogidos en la cláusula 6 del pliego de cláusulas administrativas particulares, donde se dice que hay 66.756 unidades de aprovechamientos con un valor mínimo cada una de ellas de 300 euros, por lo que el valor total mínimo del concurso es de 20.032.500 euros, que es lo que ha costado la construcción de la ciudad deportiva.

Son unidades que el consistorio ofreció a Sidecu como pago de la ciudad deportiva.

En el recurso también se afirma que "el registrador no se puede convertir en un juez parcial, tomando parte mediática a favor del PSOE. No tiene potestad para paralizar una inscripción a la que cualquier ciudadanos tendría derecho", indica.

Vargas considera que el registrador ha cometido el error de no advertir que el expediente estaba completo.