A falta de conocer con exactitud cómo afectará la sentencia que obliga al ayuntamiento a elaborar y aprobar un nuevo plan urbanístico para la ampliación del polígono industrial El Prado, el PP de Mérida considera que el equipo de gobierno local de Angel Calle es el máximo responsable de que esta actuación se encuentre a día de hoy "en el aire".

El portavoz del PP, Fernando Molina, valoró ayer una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura que se hizo pública a través de los medios de comunicación el martes pasado. En ella se da la razón a la empresa Prefabricados Leo, quien reclama al ayuntamiento que se reconozca una compensación económica que asciende a casi 3 millones de euros por 100.000 metros cuadrados que en 2005, cuando aún gobernaba el PP, se vendieron por 600.000 euros para levantar una fábrica que nunca se construyó. Ahora el consistorio quiere recuperar la parcela, pero sin pagar esta cantidad, al considerarla "lesiva" para los intereses de la ciudad.

Molina subrayó que la forma de actuar del alcalde "ha puesto en peligro" la ampliación del parque comercial en el que tiene previsto instalarse Decathlon, al no negociar con el empresario antes de acudir a los tribunales. El portavoz del PP no se aventuró a poner fecha al retraso que provocará esta sentencia al inicio de las obras, que tienen previsto comenzar este verano. Tampoco ha realizado una estimación por parte de la Entidad Pública del Suelo, que promueve la ampliación. Eso si, Sepes ha continuado esta misma semana con el procedimiento previsto, con la apertura de las ofertas económicas para la adjudicación de las obras de urbanización, a pesar de que la citada sentencia está fechada el 30 de abril. El gobierno local ya ha avanzado su intención de acelerar el proceso para no retrasar las obras. Para hoy está prevista una comparecencia de la edil de Urbanismo, Estrella Gordillo, para tratar el asunto.