El PP de Mérida ha asegurado que es "culpa y responsabilidad" del alcalde de Mérida, Ángel Calle, que Hacienda reclame 188.000 euros al ayuntamiento porque "no ha remitido el expediente administrativo" al Ministerio de Economía y Hacienda cuando "se lo ha reclamado".

Según recoge la agencia Europa Press, el partido considera que la "estrategia torticera" de Ángel Calle ha llegado "al limite intolerable" de no remitir el expediente administrativo (que tiene en el ayuntamiento) al Ministerio de Hacienda hace seis meses cuando este se lo reclamo y "todo para poder crear una polémica con este tema aunque perjudicase a los emeritenses".

El portavoz del PP de Mérida anuncia que su partido estudia ejercer acciones legales contra Ángel Calle o el concejal de Turismo, Roberto Olivera, por no remitir el expediente "a pesar de los reiterados requerimientos de Hacienda".

"El objetivo de Angel Calle con este tipo de declaraciones torticeras y falsas no es otro que distraer la atención de las adjudicaciones ilegales de Ángel Calle que están resolviéndose en los Tribunales de Justicia e intentar cuatro años después tirar balones fuera para distraer la atención de la gestión del PSOE en el Ayuntamiento de Mérida y de lo que han hecho durante estos cuatro años en la ciudad".

Una legislatura que, a juicio de Valdés, ha "arruinado Mérida con adjudicaciones a dedo de Ángel Calle como la del trenecito, condenado en Sentencia, o ilegalidades como la de PROINTISA, condenado el ayuntamiento del PSOE en Sentencia o con insultos hacia el resto de los concejales, condenado Ángel Calle en Sentencia y todas ellas por los Tribunales de Justicia".

"El desastre del gobierno de Ángel Calle ha llevado a los límites de la ruina más absoluta al Ayuntamiento de Mérida, endeudado en más de 70 millones de euros y una presión fiscal a los vecinos que se ha duplicado", recalca.

De la misma manera, Valdés acusa al PSOE de Mérida de "mentir de forma descarada, interesada y vil" para "engañar" a los emeritenses cuando dice que el proyecto Lusitania Cultural fue adjudicada a la empresa Culturex "sin sacarlo a concurso".

El proyecto, según el popular, se adjudicó la empresa Culturex, entre otras, en un procedimiento administrativo "completamente legal mediante un concurso público y así lo avalan los informes técnicos de la Secretaria del ayuntamiento y del Interventor".

Así recuerda que Pedro Acedo firmó el Decreto de adjudicación "porque así lo establecía la Ley y lo único que hizo fue ratificar la propuesta de la mesa de contratación, puesto que aún no había entrado en vigor la Ley de Grandes Ciudades que dio las competencias a la Junta de Gobierno y las adjudicaciones se formalizaban mediante Decretos u Ordenes".