Francisco Miranda, concejal del PP del Ayuntamiento de Mérida, asegura que la sentencia en materia de personal "desfavorable" al consistorio es fruto de la "obstinación" del responsable municipal de este área, Juan Espino, para el cual ha solicitado su cese. Miranda valoró ayer la sentencia judicial que según recordó, condena al ayuntamiento a pagar 18.000 euros por horas extraordinarias a un grupo de trabajadores, e indicó en nota de prensa que el PP criticó la negativa del delegado de Personal a cumplir el compromiso de pagar las horas extras, advirtiéndole de la vulneración de los derechos de los trabajadores.
En cuanto a la respuesta del gobierno local hacía la resolución judicial, el concejal popular estima "que vuelve a demostrarse que a este gobierno le falta humildad para reconocer sus errores". A los trabajadores se les va a pagar por un trabajo que hicieron, insiste, "que el ayuntamiento se comprometió a abonar y que sirvió para crear 217 puestos de trabajo". En este sentido, añadió que lamentar que la indemnización afectará a las arcas municipales "es utilizar la demagogia y demostrar que el único abuso de confianza y mala fe empleada en este caso ha sido la utilizada por el gobierno para engañar a sus empleados".
Miranda consideró que por responsabilidad, el alcalde emeritense, Angel Calle, no puede mantener a Espino en su cargo y que éste "es el segundo revés judicial que obtienen por su terquedad", quedando aún pendiente la resolución de otro supuesto caso. Estos hechos, unidos a la "actitud más que dictatorial" por diversos motivos del delegado de Personal, debería ser más que suficiente para que el alcalde tomara cartas en el asunto, valorara la situación y cesara a Juan Espino de su responsabilidad al frente del área de Recursos Humanos.
