El presupuesto del Ayuntamiento de Mérida para este año no tiene especificadas las dotaciones para algunos servicios sociales como el servicio de ayuda a domicilio, el programa de apoyo a personas desfavorecidas y la atención a las víctimas de la violencia machista. La concejala socialista Carmen Yáñez alertó ayer de esta circunstancia considerando que estas actividades, "competencia obligatoria" del consistorio, están en riesgo. "¿Cómo los va a financiar la administración local, si no tiene consignadas partidas en sus cuentas?", se preguntó ayer. La delegada de Servicios Sociales, Ana Blanco, desmintió estas afirmaciones asegurando que este departamento mantiene su presupuesto del año pasado, en torno a los 220.000 euros, y sugirió que parece que el interés del PSOE es "alarmar a los emeritenses en vez de atender a la verdad de los hechos".
Yáñez, sin embargo, muestra la hoja en la que están registrados diferentes servicios sociales que presta el ayuntamiento emeritense, entre ellos los citados anteriormente y dirigidos a personas en situaciones vulnerables, como son los dependientes, las familias con pocos recursos y en situación marginal y las víctimas de la violencia machista. "No entendemos que el ayuntamiento deje en el aire estos programas, cuando además estamos en una situación tan complicada, con 9.000 personas en paro en la ciudad y continuos cierres de pymes", destaca la concejala. También señala que el centro especial de empleo La Encina pasa de 70.000 a 18.000 euros, de modo que se está quedando sin contenido, así como que el centro ocupacional Proserpina mantiene su asignación.
Blanco responde en un comunicado que el ayuntamiento mantiene los programas de ayuda a domicilio, infancia y familia, desarrollo gitano y Háfaso (para personas en situación de riesgo de exclusión)."Los emeritenses siguen estando atendidos, con gran esfuerzo, por el ayuntamiento", declara la delegada, en un comunicado. Además, añade que el consistorio está "en conversaciones" para "buscar la fórmula para mantener la teleasistencia, que reciben 250 usuarios y que está amenazada por la reducción de fondos estatales. Blanco indica que, de momento, el acuerdo con Cruz Roja para mantener este servicio se ha prorrogado.
