El grupo socialista espera que el fallo judicial contra Carcesa, por el que debe pagar una indemnización de 9,4 millones de euros a la empresa Extremadura 2.000, no ponga en peligro la permanencia de la factoría y los puestos de trabajos.

"Sólo la permanencia en Mérida de la fábrica, con los consiguientes puestos de trabajo nos llevaron a la abstención en el pleno de julio de 2003, cuando se trató el convenio firmado con Carcesa", aseguran. Y añaden que si los puestos de trabajo y la factoría corren peligro, pedirán responsabilidades políticas "a quien, no sabemos aún porqué, firmó un convenio a tres bandas a pesar de estar avisado del riesgo y lo anuló después", afirman en una nota.

Por su parte, el equipo de gobierno dice que la sentencia sobre la empresa Carcesa no afecta al hecho de que la fábrica se quede en Mérida y se garanticen sus puestos de trabajo.

Además, señalan que el convenio firmado entre el ayuntamiento y Carcesa -por el que el consistorio recibió unos terrenos de la empresa y ésta una parcela municipal para construir un matadero- establece que, hasta que no se produzca la apertura de la nueva fábrica, ésta no podrá construir en los terrenos que le corresponden en virtud de lo firmado.