El equipo de gobierno de Mérida exige la dimisión de los concejales del PP Pilar Vargas, Francisco Robustillo, Daniel Serrano y Juan Marrero por haber cometido una acto de "negligencia" en la responsabilidad de cargo público en la empresa municipal Transportes Urbanos de Mérida, al aprobar, en unos casos, y ratificar, en otros, el "contrato blindado" al exgerente de esta empresa, Prudencio González, y que resulta "lesivo" para los ciudadanos.

Así lo pusieron ayer de manifiesto el alcalde de Mérida, Angel Calle, la portavoz municipal, María Ascensión Murillo, y la presidenta del consejo de administración de la empresa, la edila Mercedes Moyano. Al ejecutivo local, además, "no le vale" que el Grupo Municipal Popular "quiera desmarcarse ahora" de este asunto y de todos los gastos ajenos a la gestión de transportes que González realizó durante su labor y que cargó a la empresa. Con esta afirmación, salía al paso de una nota de prensa el PP en la que "desautoriza" ese contrato y pide al exgerente que abandone sus demandas contra el ayuntamiento, al que reclama 205.000 euros por su despido.

QUE SE EXPLIQUE EL PP Asimismo, exige al PP que "den todas las explicaciones de si se celebró o no el consejo de administración el 6 de julio del 2006 en el que los concejales del PP aprobaron el contrato blindado al exgerente para que se aclare todo este asunto", ya que, según Angel Calle, "esto es muy serio y deberían pensárselo".

Murillo argumentó que el cese de Vargas y Robustillo es por aprobar ese contrato blindado en aquella reunión de julio del 2006 --en la que los tres concejales del PSOE, miembros del consejo de administración de la empresa, no estuvieron--, y que en el caso de Daniel Serrano y Juan Marrero es por "ratificar ese acta" en una reunión celebrada ya con el nuevo consejo de administración el 23 de julio de este año, en el apartado de aprobación de actas anteriores. Se trata, dice el equipo de gobierno, de "una negligencia en el ejercicio de la responsabilidad de cargo público en la empresa de transportes".

En cualquier caso, Calle se pregunta "si González es el chivo expiatorio o la punta del iceberg de una situación más generalizada". "Por qué se hizo eso y por qué se hace esto ahora", reflexionó en torno al papel jugado por los ediles del PP durante su gestión y ahora en la oposición. A su juicio, "hay que cesar fulminantemente a estas personas, porque desde el punto de vista político no cabe otra salida".

Por otro lado, Murillo insistió en que la firma de Vargas aparece recogida en el acta de la reunión de julio del 2006, aunque la portavoz popular, dijo, haya declarado que no estuvo presente. En caso de que Vargas no estuviera, "entonces no había quórum y el caso sería aún más grave porque estaríamos ante una falsificación de documento público", comentó.

REPLICA DEL PP Ante estas manifestaciones del grupo de gobierno, el Grupo Municipal Popular de Mérida respondió pidiendo la dimisión de Murillo y Moyano por "mentir", ya que "en el pasado consejo de transportes --celebrado el 23 de julio-- los miembros de este grupo no vieron el contrato del exgerente, ni se mostró dicho contrato ni se aportó documentación sobre el mismo". Además, solicita disponer en dos días de los datos dados por Murillo y del acta de la reunión.