La sentencia que condena al promotor Agustín Tarazona por suspender el concierto de Sabina del 2006 y por no devolver el importe de las entradas ha provocado un gran malestar entre los afectados, que han visto cómo la decisión del ayuntamiento de no personarse en el caso ha reducido sus posibilidades de recuperar los 25 euros invertidos en cada entrada.

El punto de mira recae ahora sobre Begoña Saussol, actualmente edil del Grupo Popular en la oposición y entonces delegada de Festejos, y principal responsable de los acuerdos alcanzados con Tarazona para la celebración del concierto. Tras comprobar que los cheques entregados a cambio de la devolución de las entradas no tenían fondos, la edil popular animó a los ciudadanos a presentar sus reclamaciones en la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC). La Unión de Consumidores de Extremadura (UCE) también recogió sus propias quejas de los ciudadanos. Igualmente se recogieron firmas entre los afectados. Entre todas agrupaban a más de 2.000 afectados -se calcula que en el momento de la suspensión se llevaban vendidas 5.500 entradas-, que fueron depositadas en el ayuntamiento.

Sin embargo, el consistorio decidió no continuar con el compromiso adquirido y nunca llevó las reclamaciones ante los juzgados. Fuentes municipales argumentan que se desestimó esta posibilidad al carecer el ayuntamiento de la competencia para representar a los ciudadanos en una cuestión entre particulares.

En ese caso, y tal y como denunció ayer el concejal de Juventud y Turismo, Roberto Olivera, el ayuntamiento, con Saussol a la cabeza, generó "una cierta confianza" entre los afectados sobre un promotor que ya había protagonizado capítulos similares en otras localidades de la región, y recordó que a Tarazona "se le dieron todas las facilidades del mundo" para la celebración del concierto, incluso colocando una taquilla para la venta de localidades junto a la fachada del ayuntamiento, por lo que ahora, "por higiene política, alguien debería irse".

Esta postura fue refrendada por el PSOE de Mérida, cuyo secretario general, Ignacio Sánchez Amor se refirió al "desamparo de los doblemente engañados" por el promotor y por el gobierno local del PP.

CASO ABIERTO Por otro lado, el tribunal que ha llevado el caso en la Audiencia Provincial, matizó que la sentencia aún no es definitiva y que, por tanto, el acusado aún podría entrar en prisión a pesar de que fue condenado a menos de los dos años y un día que marca el límite entre ir a la cárcel y no hacerlo en aquellos casos en los que el implicado carezca de antecedentes. Esta decisión dependerá de si el condenado cumple con las obligaciones civiles impuestas (como la devolución del importe de las entradas), o si incumple con la obligación de acudir a la terapia psiquiátrica impuesta.

Fuentes del tribunal explican que el acuerdo entre la defensa y la fiscalía recoge una reserva de acciones civiles, es decir, que todas las personas que se sientan perjudicadas tienen abierta la vía civil para seguir reclamando. Sin embargo, según las mismas fuentes, el tribunal aún no tiene claro si la posibilidad de la reclamación se incluirá en la sentencia ejecutoria o en un procedimiento civil aparte.